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Reportaje Especial

  

PIDEN A OMBUDSMAN ESTATAL APOYAR LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

23 de enero de 2018

Integrantes del Frente de Asociaciones, Colectivas y Organizaciones en Defensa de los Derechos de las Mujeres en Colima solicitaron al Ombudsman Estatal, Sabino Hermilo Flores Arias, que presente públicamente una postura de concordancia y apoyo a la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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Al respecto, indicaron que todas las asociaciones, colectivos y organizaciones que conforman este Frente están en desacuerdo con la Ley de Seguridad Interior, pues de acuerdo a la CNDH, “genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre instituciones, órganos del estado y poderes; así como posibilitar que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana”.

Agregaron, “por lo anterior, como sociedad civil organizada y preocupada por el bienestar general, exigimos la plena garantía de nuestras libertades constitucionales y el irrestricto respecto a nuestros derechos humanos”.

En el evento, el representante del Colectivo Inclusión, Alejandro Pizano, destacó que esta Ley tiene amplios aspectos ambiguos, “y esta ambigüedad se presta para que se dé la interpretación de la misma Ley, por lo que organismos nacionales e internacionales han hecho observaciones jurídicas respecto a esta Ley”, “esta carta solicitud tiene un fin civil y político de empoderarnos como ciudadanos y solicitarle al máximo órgano en derechos humanos del estado de Colima, a que presente una postura de concordancia y apoyo a esta acción de inconstitucionalidad”.

Por su parte, la Presidenta de la Fundación con Equidad (Fundeq), Guadalupe Hinojosa, destacó que la Ley de Seguridad Interior, ya está publicada y vigente, y aunque el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a no aplicarla hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara al respecto, “pues él tiene la liberta de en cualquier momento aplicarla, en cualquier lugar que el considere que está en peligro la seguridad”.

Por su parte, el ombudsman estatal destacó que desde que esta Ley se presentó como iniciativa y entro a discusión, numerosos organismos públicos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales han externado sus inconformidades y preocupaciones respecto, pues las funciones en materia de seguridad interior constitucionalmente están encomendadas a autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno.

Pese a lo anterior, refirió que al haber sido publicada ya está vigente y por lo tanto en cualquier momento puede aplicarse, “nuestro pronunciamiento en aquel momento, de ya publicada la Ley, fue de precisamente cerrar filas en torno a la Comisión Nacional, en función a las atribuciones constitucionales, para la presentación de la acción de inconstitucionalidad tal y como ocurrió ya el pasado viernes 19 de enero”.

Detalló, “el argumento substancial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que está planteado en esta acción de inconstitucionalidad es que no queden las autoridades civiles subordinadas a las autoridades militares, por las experiencias que esto ha traído en otras latitudes, en otros países, en donde sin duda son atropellados una serie de derechos fundamentales”.

Concluyó especificando que las autoridades militares están entrenadas para la guerra y no para las funciones de seguridad pública.

 

   

 

    
 

 


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